Manifestación De Impacto Ambiental

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Información General

La Manifestación de Impacto Ambiental permite a la Secretaría de Desarrollo Sustentable evaluar el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones señalados en las disposiciones legales ambientales aplicables, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

Es un estudio técnico mediante el cual se pretende identificar, predecir, interpretar, valorar prevenir y comunicar los efectos de una obra, actividad o proyecto sobre el medio ambiente.

¿Quién puede realizar una MIA?

• Representante legal

• Interesado

¿Cómo ingresar una MIA?

Mediante nuestro plataforma gubernamental Empresario Digital

¿Cuál es la vigencia de una MIA?

Tiene una duración de 2 a 3 años.

¿Cuánto cuesta?

El costo de una MIA es de $7,435.00

¿Cuál es el plazo de respuesta?

El plazo máximo para la resolución del trámite para la Manifestación de Impacto Ambiental es de 60 días hábiles según el Reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Una vez que se han concluido los tiempos de evaluación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable podrá emitir una: Solicitud de Información Complementaria al estudio cuando así se requiera, Autorización en Materia de Impacto Ambiental de acuerdo a los términos y condiciones señalados en su estudio, Autorización Condicionada en Materia de Impacto Ambiental, Negación de la Autorización.

Obras o Actividades que requieren Autorización en materia de Impacto Ambiental:

l. Obra pública estatal y/o privada que se realice por administración directa o por contrato, de forma enunciativa y no limitativa, las siguientes:

  • Centros de Prevención y Reinserción Social o centros de internamiento para adolescentes;
  • Hospitales;
  • Centrales de abasto o mercados de nueva creación;
  • Centros comerciales y/o autoservicios;
  • Centros de educación, en los que se imparta educación de nivel medio superior y superior y sean de nueva creación o impliquen un cambio de uso de suelo;
  • Polideportivos;
  • Rastros municipales tecnificados;
  • Centrales de autobuses o terminales; y
  • Obras que generen un impacto ambiental significativo, acumulativo, residual o sinérgico, según los términos del Reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, 2017.

II. Las actividades de la industria de autopartes, alimenticia y de bebidas, textil, electrónica, mueblera, metal-mecánica, cerámica y artesanal, curtiduría, fundición, hospitalaria, ladrilleras, del vidrio, vitivinícola, zapatera y porcícola cuando no estén integradas al proceso de producción de la materia prima;

III. Las de exploración, explotación y beneficio de yacimientos pétreos, minerales y sustancias que constituyan depósitos de naturaleza cuyo control no sean reservadas a la Federación, se destinen a la fabricación de materiales para la construcción u ornamento;

IV. Construcción y operación de instalaciones para el manejo integral de residuos de manejo especial y/o residuos sólidos urbanos;

V. Parques o fraccionamientos industriales en los que se prevea la realización de actividades riesgosas en los términos de la Ley;

VI. Obras o actividades en áreas naturales protegidas de competencia estatal, incluidas las obras de infraestructura y de prestación de servicios, las cuales estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el programa de manejo respectivo;

VII. Desarrollos turísticos y deportivos que comprendan:

  • Obras o actividades públicas o privadas cuyo objetivo sea el desarrollo turístico, de esparcimiento o recreativo independientemente del proyecto constructivo relacionado con el mismo; y
  • Todas aquellas obras o actividades cuyo objetivo sea el desarrollo y operación de campos de golf, fuera de ecosistemas costeros, áreas naturales protegidas y de conservación;

VIII. Obras hidráulicas, en los siguientes casos:

  • Presas para riego, derivadoras y de control de avenidas con capacidad menor de 1 millón de metros cúbicos. Aquéllas que se ubiquen fuera de ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y regiones consideradas prioritarias por su biodiversidad y no impliquen la inundación o remoción de vegetación arbórea o de asentamiento humanos, la afectación de hábitat de especies incluidas en alguna categoría de protección, el desabasto de agua a las comunidades aledañas o a la limitación al libre tránsito de poblaciones naturales, locales o migratorias;
  • Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado menores a 100 hectáreas;
  • Bordos y represamientos de agua, con fines de abrevadero para el ganado, autoconsumo y riego local, que no rebase 100 hectáreas;
  • Las de rehabilitación;
  • Construcción de líneas de conducción de agua potable, así como su equipamiento; de colectores y subcolectores; de drenajes y su rehabilitación, excepto aquellos que se realicen en zonas urbanas o dentro de localidades rurales;
  • Instalaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales, excepto aquellas con capacidad igual o menor a 2500 habitantes, que no descarguen líquidos o lodos en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales;
  • Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o lodos en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales que reúnan las siguientes características:
  1. Descarga en líquidos hasta un max1mo de 100 litros por segundo, incluyendo las obras de descarga en la zona federal;
  2. En su tratamiento no realicen actividades consideradas altamente riesgosas; y
  3. No le resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley General.
  4. Cuando se trate de obra pública, en los términos de la ley de la materia;

IX. Construcción de infraestructura vial:

  • Construcción de avenidas, circuitos, libramientos, distribuidores y ejes viales, y bulevares nuevos, fuera del derecho de vía existente previamente evaluado;
  • Rehabilitación de caminos rurales así como de paradores, que no impliquen derribo de vegetación forestal o se encuentren fuera del derecho de vía existente;
  • Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del derecho de vía correspondiente; y
  • Las carreteras que se construyan, sobre caminos ya existentes, para un tránsito promedio diario de hasta un máximo de 500 vehículos, en los cuales la velocidad no exceda de 70 kilómetros por hora, el ancho de la calzada y de corona no exceda de 6 metros y no tenga acotamientos, quedando exceptuadas aquéllas a las que le resulte aplicable algún otro supuesto.

X. La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la transmisión de señales electrónicas sobre la franja que corresponde al derecho de vía, siempre y cuando se aproveche la infraestructura existente; y

XI. Los planes de desarrollo urbano que contemplen la creación de nuevos centros de población;

XII. Cuando la obra o actividad que se pretenda realizar, pueda afectar el equilibrio ecológico de dos o más municipios de la Entidad; y

XIII. Todas aquéllas que por razón de su magnitud generen impactos significativos, residuales, sinérgicos o acumulativos al ambiente y que no estén expresamente reservadas a la Federación.

Requisitos

El promovente que desee realizar una MIA deberá contar con los siguientes documentos:

• Firma Electrónica (FIEL)

Persona física: identificación oficial.

Persona moral: acta constitutiva de la empresa.

• Documentación que acredite al representante legal de la empresa.

• Identificación oficial del representante legal de la empresa.

• RFC del promovente.

• Documento que acredite la legal posesión del terreno.

• Constancia de zonificación, emitida por el H. Ayuntamiento que corresponda.

• Plano de conjunto y/o Arquitectónico.

• Plano que contenga el cuadro de construcción, con coordenadas UTM.

• Evidencia fotográfica del predio donde se realizará el proyecto.

  • Si se trata de una obra hidráulica de competencia estatal (Ductos de suministro de agua), deberá presentar también:

• El respectivo convenio por la ocupación de zonas de servidumbre en áreas de dominio de la Comisión Nacional del Agua y, de igual forma, convenio celebrado con los propietarios de terrenos de propiedad privada integrando al mismo certificados parcelarios, identificación oficial, y la certificación por las autoridades ejidales. (opcional si es aplicable al proyecto.

• La empresa promovente deberá presentar memoria y/o documentación técnica con la descripción y características de la obra a realizar, con la finalidad que de soporte a lo manifestado en la MIA-G.

La manifestación de impacto ambiental deberá contener como mínimo la siguiente información:

l. Los datos generales de las obras o actividades proyectadas;

II. El nombre o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones y representante legal, en su caso, del promovente de la obra o actividad objeto de la manifestación de impacto ambiental;

III. En su caso, el nombre, domicilio y documento que acredite los conocimientos técnicos del prestador de servicios ambientales que elaboró la manifestación de impacto ambiental;

IV. La descripción de la obra o actividad proyectada, incluyendo como mínimo:

  • Los criterios para la selección del sitio para la ejecución de la obra o actividad, incluyendo sus colindancias;
  • La superficie de terreno requerida;
  • El programa de construcción , montaje y operación de instalaciones;
  • En su caso, los volúmenes de producción previstos;
  • El tipo y cantidad de recursos naturales afectados;
  • El programa para el manejo de residuos; y
  • El programa para el abandono de las obras o el cese de las actividades.

V. La descripción de las alternativas que hayan sido estudiadas para la realización de las obras o actividades, con sus respectivos impactos sobre el ambiente, así como las razones que motivaron la decisión para optar por una de ellas;

VI. Los aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la obra o actividad y, en su caso, problemáticas ambientales y socioeconómicas identificadas en su área de influencia;

VII. La vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;

VIII. La identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la ejecución de la obra o actividad, en sus distintas etapas;

IX. Las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de compensación de los impactos ambientales identificados en cada una de las etapas; y

X. Las técnicas y metodologías que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental. Asimismo, deberá anexarse a la manifestación de impacto ambiental, en su caso, una copia simple de la constancia de uso de suelo vigente, así como la constancia de zonificación, expedidas por el Ayuntamiento que corresponda, conforme a la normatividad aplicable.

Nota: La documentación técnica podrá variar según las características y condiciones del sitio, en algunos casos se tendrán que cumplir con la legislación aplicable en la materia ambiental (agua, suelo, aire, entre otros) y de ser necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente; esta podrá solicitarse al promovente, en los términos establecidos en la Ley.

Contacto

Servidores Públicos de Contacto

Biol. Julio César Rosales Arballo, Jefe de Departamento de Impacto, Riesgo y Auditoria Ambiental.

Lic. Jorge García Bueno, Director de Normatividad Ambiental.

Domicilio Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Palacio de Gobierno: Ave. Insurgentes s/n 2do piso, Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. C.P. 80129

Teléfono (667) 758-7000 Ext. 2250 y 2247

Horarios De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs.

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